Las seis palabras divisoras del país
“Declaro non grato a Iván Velásquez”, dijo Jimmy Morales, y dividió al país. “No descarto la opción militar en Venezuela”, dijo Donald Trump, y acabó con la unidad latinoamericana contra Maduro. Son similares en cuanto a los efectos terribles. Dos horas después, en Guatemala ya se sabía del “shock” del Secretario General de la ONU, y la reacción del Departamento de Estado, así como de la Unión Europea, cuyos embajadores fueron a hacer presencia frente a la CICIG, y se agregaron la Conferencia Episcopal, las iglesias evangélicas y la USAC. Se fueron tres ministros y el canciller fue separado por no acuerpar el desatino, con lo cual el tema de Belice quedó sepultado. La reunión de gabinete fue tormentosa. Pero aún hubo más.
A las 16 horas, Morales salió por cadena nacional a asegurar su apoyo a la CICIG, presionado por las reacciones adversas. En esto sin duda influyeron la posición del CACIF y de la Asociación de Amigos del País y la Cámara de Industria. La Corte de Constitucionalidad, en decisión dividida, aceptó el amparo provisional contra la decisión, la cual es discutible, y mucho. Algunos comenzaron a insinuar una victoria ideológica, lo cual es absurdo, porque semejante yerro no resiste cualquier señalamiento. Los defensores señalan, con razón, el derecho del presidente de tomar decisiones, pero alguien como él, con sus errores y mentiras, no puede justificar de ninguna manera sus acciones en una supuesta defensa de la dignidad nacional.
Ayer fue un día smilar al serranazo. Dividió al país de manera tajante, porque la interpretación es simple: apoyar al presidente es favorecer a los corruptos, pues saldrán beneficiados. Y hacer lo mismo con quienes lo critican significa el apoyo incondicional de la CICIG. En ambos casos, casi con ceguera. Los analistas de cualquiera de los dos lados pusieron sus cartas sobre la mesa, lo cual es bueno para saber a qué atenerse. A todo esto se agregaron un par de docenas de memes y de chistes por redes sociales, algunos simpáticos pero con lo lamentable de quitar seriedad a cómo deben verse las cosas fundamentales. Al humor negro o a la terquedad presidencial pertenece la idea de no ver los efectos económicos en el riesgo país por el “cicigazo”.
Según Jimmy Morales, llamar a conferencia de prensa para denunciar a personas acusadas de corrupción constituye una presión indebida, así como publicarlo por los medios informativos. Esto es perverso, realmente, porque trata de atacar a la prensa independiente, pero no a aquella interesada, como él, en la continuación de la impunidad, y en su caso, de cobrarse una acción contra sus familiares cercanos, quienes resultaron afectados negativamente porque los coloca como culpables. Pero sobre todo, Guatemala salió de nuevo en la prensa internacional como un país donde reina la impunidad y por ello quienes se ven afectados no descansan en su meta de terminar con la CICIG.
Es muy pronto para poder predecir los acontecimientos inmediatos y mediatos. Me irrita la división, la polarización ciudadana, así como los intentos de ver las críticas o los apoyos como una prueba de respaldar ciegamente a la contraparte. Esta vez, el mandatario consultó con su gabinete o simplemente obedeció a quienes lo controlan. Es indispensable darse cuenta de un hecho: en todo caso, es una batalla ganada, pero el conflicto bélico –en sentido figurado, claro— continuará. La poca asistencia de ayer al parque no debe verse como un rechazo o como una victoria populares, según el caso. Ya no hubo banderas rojas ni arcoirescas, tontamente enviadas a saber por quién. Temo la polarización y el riesgo de violencia inducida. Todo comenzó por culpa del presidente.
Principios del Régimen Económico y Social es el título del Artículo 118 de la Constitución Política de Guatemala, que indica que el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados (Constitución Política de la República de Guatemala, s.f.).
